Denominada "Homofobia de Estado: un estudio mundial de las leyes que prohíben la actividad sexual con consentimiento entre personas adultas ", la investigación fue dada a conocer por la ILGA con el objeto se sensibilizar sobre la importancia de derogar estas normas con la participación activa de todas las minorías sexuales organizadas y los grupos de derechos humanos del mundo.

A juicio de la ILGA, la penalización de la homosexualidad implica promover de "manera institucional una cultura del odio" donde la violencia " está de alguna manera justificada por el Estado y obliga a la gente a permanecer invisibles y a negar quiénes son realmente".

El estudio explica que muchas de estas normas han sido "heredadas de los imperios coloniales o han sido el resultado de legislaciones conformadas de acuerdo a creencias religiosas, cuando no directamente derivadas de una interpretación conservadora de los textos religiosos".

Aclara, en todo caso, que la homofobia institucionalizada, al nacer en un determinado contexto de la historia, sólo puede explicarse por su raíz cultural. "Ningún ser humano nace siendo homófobico, sino que aprende a serlo según va creciendo" en un ambiente desfavorable para las minorías sexuales.

"En muchos casos, el prejuicio contra las personas homosexuales es el resultado de la ignorancia y el miedo. Este largo catálogo de horrores, no es sino el relato de la intolerancia contra lo que es diferente o extraño a uno", sostiene la investigación dirigida por el activista Daniel Otosson, de la Universidad de Södertörn, Estocolmo, Suecia.

Algunos de los 91 "estados homofóbicos" identificados por la ILGA establecen penas diferenciadas por sexo, edad o estado civil de quienes consideran "delincuentes", toda vez que son responsables, de acuerdo a los términos de cada legislación, de "desviaciones carnales antinaturales" o de "desviaciones sexuales".

Así es el caso de Antigua y Barmuda que en su Ley de Delitos Sexuales de 1995 estipula prisión de 15 años para las relaciones sexuales entre adultos y de cinco años entre los menores.

En Gambia la situación es más dramática, pues establece en sus leyes que "todo el que cometa sodomía es culpable de un delito y será acusado y condenado a cadena perpetua."

Aunque en la mayoría de los casos las normas son parte de leyes especiales o del Código Penal, en otros espacios se aplican derechamente doctrinas religiosas.

Ello ocurre, por ejemplo, en Arababia Saudita, donde no existe código penal. "Sin embargo, el país aplica la estricta ley islámica de la Sharia", sostiene el estudio de la ILGA.

De acuerdo con esa ley, "para un hombre casado la pena es la muerte por lapidación, mientras que la pena para un soltero es de 100 latigazos así como el destierro por un año. Para un no-musulmán, que cometa sodomía con un musulmán, la pena es la muerte por lapidación. Para la condena por sodomía, debe probarse la confesión del culpable por cuatro veces, o el testimonio de cuatro hombres musulmanes honorables".

La totalidad de Estados que penalizan las relaciones sexuales son los siguientes: 1) Afganistán; 2) Angola; 3) Antigua y Barbuda; 4) Arabia Saudita; 5) Argelia; 6) Bahréin; 6)Bangladés; 7) Barbados; 8) Bélice; 9) Benín; 10) Birmania; 11) Botsuana; 12) Brunei; 13) Bután; 14) Camerún; 15) República Turca del Norte de Chipre; 16) República Democrática del Congo; 17) Islas Cook (Estado libre asociado con Nueva Zelanda); 18) Costa Rica; 19) Dominica; 20)Egipto; 21) Emiratos Árabes Unidos; 22) Eritrea; 23) Etiopía; 24) Gambia; 25) Gaza (parte de la Autoridad Palestina); 26) Ghana; 27) Granada; 28) Guinea; 29) Guinea-Bissau; 30) Guayana; 31) India; 32) Indonesia (en algunas regiones); 33) Irán; 34) Iraq; 35) Jamaica; 36) Kenia; 38) Kiribati; 39) Kuwait; 40) Lesoto; 41) Líbano; 42) Liberia; 43) Libia; 44) Malasia; 45) Malawi; 46) Maldivas; 47) Marruecos; 48) Mauricio; 49) Mauritania; 50) Mozambique; 51)Namibia; 52) Nauru; 53) Nepal; 54) Nicaragua; 55) Nigeria; 56) Niue (Estado libre asociado a Nueva Zelanda); 57) Omán; 58) Pakistán; 59) Palau; 60) Panamá; 61) Papúa Nueva Guinea; 62) Qata; 63) Samoa; Occidental; 64) San Cristóbal y Nieves; 65) Santa Lucía; 66) Santo Tomé y Príncipe; 67) San Vicente y las Granadinas; 68) Senegal; 69) Seychelles; 70) Sierra Leona; 71) Singapur; 72) Siria; 73) Islas Solomón; 74) Somalia; 75) Sri Lanka; 76) Suazilandia; 77) Sudán; 78) Tanzania; 79) Togo; 80) Rokelau (Estado libre asociado a Nueva Zelandia); 81) Tonga; 82) Trinidad y Tobago; 83)Túnez; 84) Turkmenistán; 85) Tuvalu; 86) Uganda, 87) Uzbekistán; 88) Yemen; 89) Yibuti; 90) Zambia y 91) Zimbabue

La ILGA destaca que muchas de los estados con leyes homofóbicas son letra muerta, pues no se aplican en la práctica. Sin embargo, la Asociación está convencida que la sola existencia de estas normas es un caldo de cultivo para le violencia hacia las minorías sexuales, en el entendido que la misma está, de una otra manera, legalizada.

Es en ese sentido que para los secretarios de la ILGA, Rosanna Flamer Caldera y Philipp Braun, "la despenalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es tan urgente como siempre. Estamos convencidos que el reconocimiento de las minorías sexuales como parte integrante de nuestra sociedad y el reconocimiento de la igualdad de sus derechos humanos contribuirán a que aprendamos a vivir juntos, y en definitiva al aprendizaje de la democracia".

El estudio de la ILGA se basó en acceso directo a las normas en la mayoría de sus reportes. Empero, en muchas ocasiones no se tuvo a la vista a las leyes por lo que algunos antecedentes provienen "de páginas web tanto gubernamentales como no gubernamentales".